El Gobierno provincial y el Ministerio Público unen esfuerzos para desarticular la tala ilegal
A partir del 1 de marzo entrará en vigencia el Registro Único de delitos, contravenciones e infracciones ambientales vinculadas a la tala, explotación, aprovechamiento y comercialización de productos de Bosques Nativos.
El Gobierno Provincial continúa ejecutando acciones para proteger los Bosques Nativos. Las medidas tomadas por el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable lograron disminuir en un 41% los cambios de uso de suelo ilegales. Sin embargo, la tala y comercialización ilegal ponen en serio peligro al bosque nativo en tanto ecosistema, afectando en particular a la zona noreste de nuestra Provincia.
Por el carácter de delito en materia ambiental, económica y social de esta actividad, se rubricó un convenio entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ministerio Público Fiscal, que establece la creación de una Mesa de Enlace entre dichos organismos, y el desarrollo de un Programa Estratégico Integral de Control Forestal.
Entre los puntos salientes, el acuerdo insta a la creación de un Registro Único de Delitos, Contravenciones e Infracciones Ambientales vinculadas a la tala, explotación, aprovechamiento y comercialización de productos de bosques nativos.
El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos señaló que combatir la tala ilegal es una tarea necesaria, urgente e imprescindible: “Nosotros tenemos muchas hectáreas bajo el dominio de comunidades originarias, tenemos guías forestales simplificadas para hermanos originarios. Y tenemos ahí también un problema que surgió últimamente de adulteración y falsificación de guías».
“Este convenio permite la coordinación y unificación de esfuerzos en relación a competencias convergentes que tiene tanto la Procuración de la Provincia, como el Ministerio y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable”, explicó el procurador general de la Provincia Pedro García Castiella.
Por su parte, Aldazábal destacó que el convenio, además de crear un registro de infractores y causas, permitirá compartir información para que se tomen decisiones desde el Gobierno Provincial y desde la Fiscalía. Adelantó que también se trabajará con el Ministerio de Seguridad y Justicia, y con los Gobiernos de Chaco y Santiago del Estero.
“La problemática ambiental es una problemática compleja. En ese marco, es necesario tener distintos tipos de estrategias, no sólo las administrativas de control y sanción del Ejecutivo, sino también cuando llegan a la etapa judicial”, señaló Sebastián Lloret, secretario relator en Ambiente de la Procuración General.
Participaron de la firma: la directora de Fiscalización y Control de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Silvina Borelli y los abogados de la Procuración General, Santiago Sotelo y Marcos Rubinovich.
