Con un enfoque basado en la evaluación interdisciplinaria, la participación ciudadana y la articulación gubernamental, la provincia de Salta asegura un riguroso proceso de evaluación ambiental y social de actividad minera, posicionándose como referente en gobernanza minera.
El Gobierno, a través de la Secretaría de Minería y Energía, lleva adelante una política integral que fomenta el desarrollo minero responsable. Acompaña a las empresas desde la presentación de los Informes de Impacto Ambiental (IIA) hasta la consolidación de proyectos que generan empleo y fortalecen a los proveedores locales. Todo esto, garantizando estándares internacionales de sostenibilidad.
Bajo la Ley N.º 8405 de 2023 y la Ley Provincial N.º 7.141, se aplican los mecanismos de evaluación, logrando equilibrio entre celeridad y rigurosidad técnica, generando confianza en los actores del sector.
Una vez presentados, los informes son remitidos a la Autoridad de Aplicación de la Ley N°7.070, actualmente la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cuyas observaciones se integran en el análisis final. Aprobado el IIA, la Secretaría informa al Juzgado de Minas y remite una copia certificada para su incorporación al expediente judicial, garantizando la trazabilidad del proceso y la continuidad de la supervisión.
Un equipo interdisciplinario y articulación con organismos competentes
El equipo técnico que evalúa los proyectos mineros está compuesto por profesionales de diversas disciplinas, entre ellos ingenieros químicos, industriales, en recursos naturales, biólogos, geólogos, licenciados en higiene y seguridad, técnicos mineros y profesionales del área social, entre otros. Además de este análisis interdisciplinario interno, la normativa contempla la posibilidad de intervención de otros organismos competentes en distintas áreas como la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Recursos Hídricos y la Dirección de Patrimonio Cultural, entre otros.
Además, es importante señalar que es posible nutrir dichas evaluaciones con asesoramientos de organismos nacionales e internacionales cuando la envergadura del proyecto lo requiera.
La normativa provincial también pone especial énfasis en los aspectos sociales, como la ejecución de un Plan de Comunicación y Vinculación Social que debe incluir reuniones periódicas y un estudio de percepción social, garantizando la información y participación activa de las comunidades.
Adicionalmente, el procedimiento incluye otras instancias de participación ciudadana, como las audiencias públicas y la Consulta Previa, Libre e Informada, desarrollándose a través de las dependencias competentes en tales procesos. Las audiencias públicas se desarrollan en el marco de un programa específico del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, mientras que la consulta es llevada adelante por la Secretaría de Asuntos Indígenas, autoridad de aplicación encargada de velar por el respeto a los derechos de las comunidades originarias.
Eficiencia y Resultados Tangibles
Como resultado del fortalecimiento institucional mediante la incorporación de recursos humanos especializados, equipamiento técnico avanzado y mejoras en procedimientos administrativos, la Secretaría de Minería y Energía de Salta logró consolidar un sistema riguroso que garantiza sostenibilidad y legalidad en las operaciones mineras.
A través de la Dirección General de Asuntos Legales y Técnicos (DGALyT), emitió 1.747 dictámenes, asegurando la legalidad en los actos administrativos de los sectores minero, hidrocarburífero y energético. Estas acciones incluyeron:
• Verificación del cumplimiento de normativas provinciales y nacionales por parte de concesionarias y empresas.
• Formalización de convenios interinstitucionales con universidades, centros de investigación, municipios y otros organismos clave.
• Desarrollo y actualización de normativas en respuesta a requerimientos técnicos y formales del sector.
• Supervisión de registros de productores, exploradores, plantas de beneficio de minerales y proveedores locales.
Por su parte la Dirección General de Minería, emitió 1.052 informes técnicos, que incluyeron, entre otros, la evaluación sobre estudios de factibilidad técnica, planes de manejo ambiental y social, evaluaciones sobre geología, geomorfología, edafología, climatología, y el análisis sobre aspectos sociales, correspondientes a distintas etapas de la actividad minera, incluyendo renovaciones y verificación del cumplimiento de obligaciones establecidas.
De estos, 315 informes resultaron favorables tras cumplir con las normativas y los estándares establecidos, mientras que 737 informes solicitaron información o estudios adicionales a través de distintas observaciones. Cabe destacar que el análisis de las respuestas a dichos requerimientos por parte de la Secretaría, dependerá de la calidad y celeridad de la información presentada para llegar a la aprobación final.
Dentro de este marco durante 2024, se emitieron 80 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), tras culminar todos los procesos.
Esta dinámica permite asegurar la calidad y el cumplimiento de los criterios ambientales y sociales y promover una minería alienada con los más altos estándares de sostenibilidad.
Este sólido marco regulatorio, respaldado por la Ley Nacional N° 24.585 y la Ley Provincial N° 7.141, junto a resoluciones como las N° 448/09, 343/15 y 19/19 configuran aspectos claves de gobernanza minera en Salta.
Toda esta normativa se encuentra recopilada en el Digesto Minero Ambiental, disponible en formato digital de acceso libre y gratuito en: https://www.salta.gob.ar/public/descargas/banners/Digesto-Minero-Ambiental-Provincia-de-Salta-2024.pdf
Modelo de «puertas abiertas»
El proceso de evaluación minera en Salta sigue un modelo de «puertas abiertas», promoviendo la transparencia, el diálogo continuo y la colaboración entre autoridades, empresas y equipos técnicos. Cada etapa está diseñada para garantizar un análisis riguroso y eficiente, permitiendo a las empresas responder observaciones y presentar documentación complementaria con agilidad.
A través de consultas dinámicas, inspecciones conjuntas y reuniones estratégicas, se asegura que los estudios de impacto ambiental no solo cumplan con los estándares técnicos, sino que también reflejen un compromiso colectivo con la sostenibilidad y el desarrollo responsable en la provincia. Este enfoque colaborativo refuerza la confianza y facilita resultados concretos que benefician a todos los actores involucrados.
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación
